El fondo de defensa legal para inmigrantes en el Condado de Ventura: ¿qué pasó ?
A raíz de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ocurridas el 10 de julio de 2025 en Glass House Farms, en Camarillo y Carpintería donde más de 300 personas fueron arrestadas, la comunidad inmigrante del Condado de Ventura enfrentó una creciente inseguridad. Organizaciones locales, como 805 Undocufund, Proyecto de Organización Comunitaria Mixteco/Indigena lideraron esfuerzos para apoyar a las víctimas ofreciendo asistencia financiera y legal.
Ante esta situación, la Supervisora Vianey López impulsó una propuesta ante la Junta de Supervisores. Su plan contemplaba:
Un fondo anual de $250,000 USD para financiar defensa legal de inmigrantes.
$1.3 millones USD al año para contratar a siete personas adicionales en la Oficina del Defensor Público, formando una unidad especializada en inmigración
Durante dos días de audiencias, cientos de personas se presentaron para expresar su respaldo a la propuesta. La comunidad destacó que más de 70% de los detenidos en casos de inmigración enfrentan la corte sin representación legal, y que los detenidos que sí cuentan con un abogado tienen diez veces más probabilidades de obtener un resultado favorable.
El 26 de agosto de 2025, la Junta de Supervisores votó la propuesta:
Vianey López y Matt LaVere votaron a favor del fondo legal de $250,000 USD.
Solo López apoyó la contratación de los siete nuevos servidores públicos para la defensa en inmigración.
Los Supervisores Kelly Long, Jeff Gorrell y Janice Parvin se opusieron a ambas partes del plan, citando restricciones presupuestarias y argumentando que la asistencia legal debería ser responsabilidad del gobierno federal. Sin embargo, la Oficina del Defensor Público explicó que muchos de estos casos son de naturaleza civil, por lo que no corresponden al ámbito federal .
Como alternativa, la Junta aprobó únicamente un programa de capacitación interna para el personal que pudiera estar involucrado en acciones de cumplimiento migratorio
En síntesis, aunque hubo una amplia movilización comunitaria y evidencia clara sobre la importancia de garantizar representación legal en casos migratorios, la mayoría de los Supervisores del Condado de Ventura decidió no aprobar el fondo ni expandir la Oficina del Defensor Público. Los argumentos centrales fueron cuestiones fiscales y la percepción de que esta responsabilidad debería recaer en el gobierno federal. En cambio, se optó por invertir en capacitación del personal.
