Mientras miles de migrantes en Estados Unidos luchan por sobrevivir en medio de políticas migratorias cada vez más estrictas, un actor poco conocido pero cada vez más influyente ha comenzado a ocupar un rol central en el sistema de control migratorio: los agentes conocidos como casa recompensa o bail bond companies que colaboran con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Estas empresas, tradicionalmente conocidas por ofrecer fianzas para liberar a personas detenidas por delitos comunes, ahora operan como agentes informales de ICE. Muchas de ellas están autorizadas a capturar y entregar a migrantes que supuestamente han violado los términos de su liberación condicional o que han sido ordenados a comparecer ante un juez de inmigración.
Las casas de recompensa o fugitive recovery agencies son empresas privadas que se dedican a rastrear y capturar a personas que han sido liberadas bajo fianza pero no se han presentado a sus audiencias judiciales. En el contexto migratorio, estas casas actúan como “cazarrecompensas”, muchas veces trabajando junto a ICE para localizar a migrantes.
Aunque legalmente operan bajo contratos civiles, en la práctica su labor se asemeja a la de un cuerpo policial paralelo. Sin embargo, a diferencia de los oficiales de ICE, estos agentes no están regulados de la misma manera ni enfrentan los mismos estándares de transparencia y rendición de cuentas.
ICE ha incrementado su colaboración con estas casas de fianzas y recuperación. A través de convenios privados, ICE les entrega datos sobre migrantes que han salido bajo fianza o están en proceso de deportación. A cambio, estas compañías se encargan de localizarlos, arrestarlos y entregarlos de nuevo a las autoridades migratorias.
Los agentes, muchas veces sin uniforme y con poca supervisión, llegan a los hogares de las personas migrantes, a veces en la madrugada, usando tácticas intimidatorias para ingresar a las viviendas. En algunos casos, se han denunciado arrestos ilegales, amenazas y uso excesivo de la fuerza.
En el condado de Ventura, organizaciones civiles han documentado varios arrestos hechos por agentes de casa recompensa en lo que va del 2025. En Los Ángeles, la cifra es aún mayor. Según el Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN), muchos de estos arrestos no se notifican adecuadamente y las familias quedan sin saber adónde han llevado a sus seres queridos.
Es preocupante para la comunidad que estas empresas actúen con total impunidad, aprovechándose del miedo y el desconocimiento de la comunidad migrante, En muchos casos ni siquiera hay una orden judicial válida.
Las casas de recompensa reciben incentivos económicos por cada persona entregada. En muchos casos, pueden recibir entre $1,500 y $5,000 dólares por migrante. Esta estructura de pago crea un incentivo perverso: mientras más personas sean detenidas y deportadas, más ganan.
Además, algunas compañías han sido acusadas de presionar a los familiares para pagar deudas ilegales o usar a menores de edad como herramienta de coerción.
Diversas organizaciones de derechos humanos, como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, han exigido una prohibición federal de este tipo de prácticas.
En California, activistas en el condado de Santa Bárbara y el Valle Central han comenzado campañas para informar a los migrantes sobre sus derechos y cómo identificar a los agentes privados que trabajan con ICE.
Estas empresas no tienen autoridad legal para entrar a tu casa sin una orden firmada por un juez Si tocan tu puerta, no abras. Pide una orden, no firmes nada, y guarda silencio hasta hablar con un abogado”.
El papel de las casas de recompensa en la persecución de migrantes en EE.UU. representa un nuevo capítulo en la privatización del sistema migratorio. Mientras el gobierno federal externaliza funciones sensibles a empresas privadas, miles de migrantes quedan expuestos a abusos y violaciones de derechos.
Organizaciones civiles llaman a estar alertas y denunciar cualquier acto de intimidación o detención irregular.
El sistema legal debe garantizar justicia, no convertir la vida de los migrantes en una cacería de lucro.
