El reciente debate sobre la colaboración entre las autoridades locales y las agencias federales de inmigración ha generado gran atención en el condado de Ventura. El día 30 de septiembre, ante la Junta de Supervisores del condado, se presentó una propuesta formal que sugiere cambios o límites en cómo la Oficina del Sheriff interactua con ICE. Este artículo busca explicar los antecedentes, lo que se propuso, las reacciones y los posibles impactos.
En California existe legislación que limita la colaboración obligatoria entre agencias locales y migratorias federales. Por ejemplo, la Ley de California “Values Act” (SB 54) restringe la participación activa de entidades locales en la aplicación de leyes migratorias. También está la “Truth Act”, que exige transparencia cuando las autoridades locales comparten información de detenidos con ICE.
La Oficina del Sheriff del condado de Ventura declara que no está involucrada en la aplicación activa de leyes migratorias, que sus oficiales no preguntan sobre estatus migratorio durante llamadas de servicio, y que no arrestan personas por órdenes migratorias. Solo, afirman, comparten información con ICE cuando un detenido ha cometido un delito calificado según la ley estatal.
El 10 de julio de 2025 se realizó un operativo en plantas agrícolas cerca de Camarillo y Oxnard donde ICE y otras agencias federales detuvieron a más de 300 personas. En ese contexto, hubo denuncias de temor en la comunidad inmigrante y cuestionamientos sobre si autoridades locales colaboraban con los federales.
Esa operación intensificó el debate público sobre qué papel deben tener los gobiernos locales frente a las políticas migratorias federales.
Residentes, organizaciones defensoras de derechos de inmigrantes y algunos supervisores han exigido mayor protección para las personas indocumentadas y que el condado establezca políticas para limitar la cooperación con ICE. En un foro reciente en el condado, se planteó que la misión debe ser “terminar la cooperación voluntaria entre la Oficina del Sheriff y ICE”.
Aunque los detalles exactos pueden necesitar confirmación oficial, la propuesta presentada ante los supervisores incluye algunas de estas medidas:
DETENER las transferencias y notificaciones del VCSO a ICE sin una orden judicial.
DETENER el acceso del DHS/ICE y de todas las agencias federales a las propiedades del condado, incluyendo estacionamientos, sin una orden judicial.
DETENER el intercambio de información, datos y recursos de la VCSO con el DHS/ICE y todas las agencias federales sin una orden judicial.
El sheriff Jim Fryhoff reafirmó que bajo su mando la oficina no participará en la aplicación activa de leyes migratorias, aunque continuará compartiendo información con ICE para detenidos con delitos calificados, conforme lo permite la ley estatal.
Según un artículo reciente, Fryhoff insiste en que la colaboración será “hasta el máximo permitido por la ley”.
También ha señalado que la Oficina del Sheriff no atiende órdenes migratorias ni arresta por esas órdenes.
Muchos consideran que la propuesta es un paso necesario para proteger a comunidades vulnerables y restaurar la confianza entre residentes indocumentados y la policía local. Se reclama que cooperaciones incluso “voluntarias” terminan generando temor, separación de familias y desconfianza.
En un foro del Truth Act, se escuchó: “Nuestra única misión es terminar esa colaboración voluntaria”.
Algunos supervisores han mostrado apoyo parcial a la propuesta y han dicho que es momento de que el condado asuma un rol más activo protegiendo a sus residentes. Otros podrían manifestar reservas relacionadas a seguridad pública, posibles limitaciones legales y relaciones con agencias federales.
Si la propuesta es adoptada, podría reducir el temor a denunciar delitos, aumentar la confianza en la policía local y disminuir el riesgo de que personas que cometieron delitos menores terminen en procesos migratorios.
La propuesta presentada ante los supervisores del condado de Ventura representa un momento clave en la discusión sobre la colaboración entre autoridades locales y federales de inmigración. Busca redefinir los límites de dicha colaboración, aumentar la rendición de cuentas y ofrecer protección a comunidades vulnerables. El resultado dependerá del equilibrio que los supervisores decidan lograr entre seguridad, cumplimiento legal y valores de justicia comunitaria.
