En una victoria histórica para los derechos laborales del campo, el Juez Federal de Distrito de la división de Fresno, California, Kirk E. Sherriff, dictaminó que la regla de emergencia adoptada el pasado mes de octubre por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos (DOL) viola la ley federal. Esta polémica normativa reducía drásticamente los salarios de los trabajadores agrícolas bajo el programa de visas H-2A, atentando contra la estabilidad económica de miles de familias migrantes.
El origen del conflicto: Un recorte arbitrario del 15% en los campos.
El 2 de octubre de 2025, el Departamento de Trabajo (DOL) publicó una disposición que disminuyó considerablemente las remuneraciones de los jornaleros agrícolas a nivel nacional.
La medida fue aprobada originalmente bajo el argumento empresarial de «aliviar los costos operativos» a los grandes productores agrícolas y, en la práctica, permitía a los empleadores recortar los sueldos por hasta $7 dólares menos por hora en ciertos estados, afectando de manera principal a California.
Segun datos de la Fundación UFW. https://ufwfoundation.org/es/action/salarios-campesinos/
Tras la entrada en vigor de la norma, los salarios en dicho estado cayeron de $19.97 a $16.90 dólares por hora, lo que supuso un recorte directo del 15% tanto para los trabajadores contratados con visa H-2A como para los trabajadores agrícolas locales que laboran junto a ellos. Sin embargo, esta disposición fue frenada luego de que el juez Sherriff determinara que el gobierno actuó de manera «arbitraria y caprichosa», ya que la agencia federal se saltó el proceso obligatorio de consulta pública y no justificó por qué eran necesarios dichos cambios, ignorando el impacto negativo en las condiciones de vida de los jornaleros.
La unión hace la fuerza: Campesinos organizados logran el fallo histórico.
La demanda civil que frenó este atropello fue encabezada por la Unión de Campesinos (United Farm Workers – UFW), la Fundación UFW y un grupo valiente de 18 jornaleros individuales procedentes de diversos estados, entre los que se encontraban tanto trabajadores residentes como beneficiarios del programa de visas H-2A. Los demandantes le hicieron ver al juez que recortar los salarios perjudica gravemente a toda la agricultura, logrando así que la corte federal interviniera para proteger a la gente del campo. Al respecto, la presidenta de la UFW, Teresa Romero, declaró con firmeza:
«Esta decisión reconoce que los trabajadores agrícolas realizan un trabajo esencial y deben recibir una remuneración justa.»
El impacto local: ¿Por qué esta medida protege directamente a la Costa Central?.
Para comunidades como Oxnard, Santa María etc.. y toda la costa central donde cientos de familias indígenas de origen mixteco, triqui y zapoteco trabajan de forma permanente en la cosecha de fresas, frambuesas y verduras, esta decisión judicial representa un alivio directo a sus bolsillos.
El mercado laboral agrícola funciona de manera interconectada. Si el salario de un trabajador con visa H-2A cae de golpe, los rancheros locales se ven incentivados de inmediato a reducir los salarios de los jornaleros residentes, de estatus mixto o indocumentados, utilizando la baja de precios para mantenerse «competitivos» en el mercado. Mantener el piso salarial de las visas H-2A protege el sueldo de todos los que viven y consumen en la región.
Un testimonio anónimo de la nota de UFW Foundation (Unión de Campesinos) lo resume con claridad: «Un juez federal en California dio un freno definitivo a los patrones que querían bajarnos el sueldo. La corte declaró ilegal la regla del gobierno que recortaba hasta siete dólares por hora el salario a los compañeros que vienen con visa H-2A. Esta es una gran victoria de la Unión de Campesinos (UFW). ¿Por qué nos importa a todos? Porque si le bajan el sueldo al contratado con visa, también nos lo quieren bajar a nosotros los que vivimos aquí año con año cosechando la fresa.»
Lo que sigue: Reescritura de la ley y posibles pagos retroactivos.
Aunque el juez permitió que la regla actual siga operando temporalmente para evitar un caos logístico en las cosechas que ya están activas, la orden hacia el Departamento de Trabajo es contundente: Es necesario actualizar sin demora las reglas para fijar los salarios de los jornaleros.
Además, el fallo judicial abre la puerta a un mecanismo de justicia económica. Se notificará formalmente a los empleadores agrícolas que podrían enfrentar
obligaciones de pago atrasado (back-pay) si las nuevas tarifas finales determinadas por la corte resultan ser más altas que el sueldo recortado que han estado pagando de forma injusta durante este periodo de litigio.
Dignidad para la tierra y sus trabajadores.
La dignidad del trabajo en el campo no se recorta, no se negocia y no se flexibiliza para llenar los bolsillos de las corporaciones agrícolas. Este fallo histórico nos recuerda que el sudor, las manos y el sacrificio de la comunidad migrante e indígena sostienen la mesa y la alimentación de todo este país.
Hermanos y hermanas jornaleras: Tu trabajo vale, tu esfuerzo sostiene comunidades enteras y tu idioma tiene poder. El trabajo agrícola se trabaja con total dignidad, y por lo tanto, se debe pagar con absoluta dignidad. No bajemos la guardia y sigamos alzando la voz.
WeEvolveIT