El 7 de abril de 2025 marcó un antes y un después en la relación entre las agencias fiscales y migratorias de Estados Unidos. En una medida que ha encendido el debate entre defensores de derechos humanos y funcionarios del gobierno, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) firmaron un memorando de entendimiento que autoriza al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a solicitar información fiscal de inmigrantes indocumentados con órdenes finales de deportación.
Este acuerdo establece Según lo estipulado en el memorando:
ICE podrá solicitar al IRS acceso limitado y específico a datos fiscales de personas indocumentadas que ya tengan una orden final de deportación emitida por un juez de inmigración.
El IRS se compromete a colaborar bajo ciertos lineamientos legales, incluyendo requerimientos judiciales o justificación por motivos de seguridad nacional o ejecución prioritaria.
El acceso no será masivo ni automático: cada solicitud debe ser individualizada y justificada.
La colaboración entre el IRS e ICE había sido hasta ahora altamente restringida por la ley federal, especialmente por la Sección 6103 del Código de Rentas Internas, que protege la confidencialidad de los datos fiscales.
Este acuerdo ha generado preocupación por varias razones:
Precedente peligroso: Se abre la puerta a un uso más amplio de datos fiscales con fines migratorios en el futuro.
Riesgo de desconfianza: Organizaciones defensoras de migrantes temen que esta política disuada a miles de personas de declarar impuestos, incluso con ITIN, por miedo a ser localizadas.
Impacto en familias: Muchas personas con órdenes de deportación llevan años trabajando y pagando impuestos en EE. UU., y esta medida podría tener un efecto devastador en sus vidas y las de sus hijos ciudadanos.
El IRS ha intentado tranquilizar a la comunidad, afirmando que:
“Este acuerdo está limitado a casos prioritarios y no cambia nuestra misión principal, que es la administración del sistema fiscal de manera imparcial.”
Sin embargo, la percepción de imparcialidad ya se ha visto afectada, y muchas personas están acudiendo a asesores legales para conocer sus derechos.
Esta medida no aplica a todos los migrantes indocumentados, sino exclusivamente a aquellos con:
Orden final de deportación (emitida por un juez)
Prioridad de remoción según ICE (historial criminal, seguridad nacional, etc.)
Posible historial fiscal relacionado con actividades económicas o ingresos relevantes
No obstante, el temor se ha extendido a toda la comunidad migrante que declara impuestos mediante ITIN.
Organizaciones como ACLU, National Immigration Law Center, y United We Dream han expresado fuerte oposición al memorando, argumentando que mezcla injustamente funciones fiscales con políticas de deportación.
Algunos legisladores han solicitado al Congreso una revisión del acuerdo, mientras que se preparan posibles demandas judiciales para impugnar su legalidad.
¿Qué pueden hacer los migrantes ahora?
Consultar con un abogado de inmigración si tienes una orden de deportación o dudas sobre tu estatus.
Seguir presentando impuestos correctamente, ya que el cumplimiento fiscal puede ser un factor positivo en procesos legales futuros.
Mantenerse informado y evitar el pánico: esta medida no representa una persecución masiva inmediata, pero sí requiere precaución.
La colaboración entre el IRS e ICE marca un cambio importante en la política migratoria de Estados Unidos. Aunque está limitada a ciertos casos, representa un precedente delicado que puede afectar la confianza de los migrantes en las instituciones. El debate legal y ético apenas comienza.
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