El presidente Donald Trump ha intensificado su política migratoria al firmar una nueva orden ejecutiva que apunta directamente a las llamadas “ciudades santuario” en Estados Unidos. Estas jurisdicciones, que limitan su cooperación con las autoridades federales de inmigración, se enfrentan ahora a posibles sanciones y recortes de fondos federales.
La orden, firmada el lunes 28 de abril de 2025, instruye al fiscal general y al Departamento de Seguridad Nacional a identificar, en un plazo de 30 días, las ciudades y estados que no cumplen con las leyes federales de inmigración. Estas jurisdicciones podrían enfrentar acciones legales y la suspensión de fondos federales.
Además, la medida autoriza el uso de militares y agentes federales en apoyo a las autoridades locales para combatir el crimen, y establece un fondo para la defensa legal de las fuerzas del orden ante posibles demandas, incluyendo casos de abuso policial.
Desde 2017, California se ha declarado oficialmente un “estado santuario” a través de leyes como la SB 54 (California Values Act), que limita la colaboración de las autoridades locales con agentes federales de inmigración. Esto lo convierte en uno de los principales objetivos de la orden ejecutiva de Trump.a
La orden busca suspender fondos federales a jurisdicciones que no cooperen con las leyes migratorias. California, que recibe miles de millones en fondos federales para educación, salud, transporte y seguridad, podría enfrentar recortes significativos si el gobierno federal aplica la medida de forma estricta.
La orden permite que fuerzas federales apoyen a autoridades locales para aplicar la ley migratoria. Esto podría traducirse en una mayor presencia de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y otras agencias en ciudades californianas, incluso sin el consentimiento de gobiernos locales.
California ya ha demandado al gobierno federal en múltiples ocasiones por políticas migratorias. Se espera que el estado, junto con ciudades como Los Ángeles, San Francisco y Sacramento, presente nuevos desafíos legales alegando violaciones al principio del federalismo y a la Décima Enmienda de la Constitución.
California alberga un número importante de inmigrantes, una gran parte de ellos en situación irregular. Esta orden podría generar miedo, reducir la denuncia de delitos por parte de inmigrantes y afectar el acceso a servicios públicos esenciales.
La orden ejecutiva ha generado una fuerte polémica. Mientras la Casa Blanca argumenta que busca proteger a las comunidades de “criminales extranjeros”, críticos la califican de táctica de intimidación y advierten sobre posibles violaciones a los derechos civiles
En respuesta, varias ciudades y estados han presentado demandas legales contra la administración Trump, alegando que la medida viola la Constitución al intentar coaccionar a las jurisdicciones locales mediante la amenaza de retirar fondos federales.
La nueva orden ejecutiva de Donald Trump marca un punto de inflexión en la política migratoria de Estados Unidos, intensificando la presión sobre las ciudades santuario y generando un debate nacional sobre la cooperación entre jurisdicciones locales y el gobierno federal en materia de inmigración. A medida que se desarrollan los acontecimientos, se espera que las batallas legales y las respuestas de las comunidades afectadas definan el futuro de estas políticas.
