La administración del presidente Donald Trump ha lanzado un nuevo programa federal que ofrece 1.000 dólares y ayuda para gastos de viaje a inmigrantes indocumentados que decidan abandonar voluntariamente Estados Unidos. Esta medida, gestionada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), busca reducir los costos de deportación forzada y descongestionar el sistema migratorio, actualmente bajo presión por el aumento de detenciones en la frontera.
Los migrantes elegibles pueden inscribirse a través de la aplicación móvil del gobierno, CBP Home Una vez aceptados y tras confirmar su llegada a su país de origen, recibirán 1.000 dólares como incentivo financiero. Además, su estatus cambiará a “baja prioridad” para futuras detenciones, lo que podría facilitar una futura entrada legal al país, aunque el gobierno no ha detallado un proceso formal para ello.
Según el DHS, este enfoque tiene como objetivo “incentivar la salida ordenada y voluntaria, reducir los recursos utilizados en deportaciones forzadas y permitir una mejor gestión de las prioridades de inmigración”.
De acuerdo con datos oficiales, el costo promedio de deportar a una persona indocumentada puede superar los 17.000 dólares, sumando gastos de detención, transporte y procesos judiciales. La administración Trump espera que este nuevo enfoque permite ahorros millonarios y descongestione los centros de detención, que actualmente operan por encima de su capacidad.
En la región de la Costa Central de California, viven y trabajan un gran número de migrantes indígenas. en el condado de Santa Bárbara, Ventura y San Luis Obispo. Estas comunidades, provenientes principalmente de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Puebla, desempeñan un papel crucial en la industria agrícola local.
La introducción de la aplicación CBP Home, que facilita el proceso de autodeportación, ha generado preocupación entre las comunidades indígenas migrantes. Muchos miembros de estas comunidades enfrentan barreras lingüísticas y educativas que dificultan la comprensión de las implicaciones legales de este programa. Además, existe el temor de que la participación en el programa pueda afectar negativamente sus posibilidades de regularizar su estatus migratorio en el futuro.
La propuesta ha generado reacciones polarizadas en el ámbito político y entre los expertos en inmigración.
Por otro lado, algunos expertos en seguridad fronteriza respaldan la iniciativa como una solución pragmática.
organizaciones proinmigrantes han denunciado que este tipo de políticas podrían violar derechos humanos básicos al “incentivar el retorno sin garantías”, especialmente para solicitantes de asilo que podrían enfrentar riesgos al volver a sus países.
Organizaciones como el Proyecto Mixteco Indígena (MICOP) han expresado su preocupación por el impacto del programa en estas comunidades. MICOP ha trabajado para proporcionar información y recursos a los migrantes indígenas, ayudándoles a comprender sus derechos y las
La medida también es vista como parte de la estrategia electoral de Trump, de cara a las elecciones presidenciales de noviembre. Prometer mano dura en migración ha sido un eje central de su discurso desde su primera campaña en 2016.
El plan de autodeportación con incentivos financieros marca un nuevo capítulo en las políticas migratorias de Estados Unidos. Mientras el gobierno lo presenta como una solución eficaz y económica, defensores de derechos humanos lo ven como una estrategia inhumana y electoralista. En medio del debate, miles de migrantes deberán decidir entre quedarse en un país que los presiona a irse o aceptar la oferta de dinero y marcharse, con la incertidumbre de no saber si alguna vez podrán regresar.
